Derecho
mercantil.

Frente a impagos documentados, el procedimiento monitorio permite reclamar de forma ágil, y en operaciones entre empresas la normativa de lucha contra la morosidad reconoce además el derecho a intereses de demora y a una compensación por los costes de cobro. Antes conviene un requerimiento fehaciente, que en muchos casos resuelve el asunto y en todo caso fija la fecha desde la que corren los intereses.

Puede, en supuestos concretos. La responsabilidad del administrador no es automática, pero se activa cuando incumple deberes legales, como promover la disolución si concurre causa para ello, o cuando su actuación causa un daño a la sociedad, a los socios o a los acreedores. Prevenirlo es cuestión de documentar bien las decisiones y actuar a tiempo.

Sí. La ley reconoce a la minoría derechos concretos: información, asistencia y voto, solicitud de convocatoria de junta, impugnación de acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos y, en determinados supuestos, derecho de separación, por ejemplo ante la falta reiterada de reparto de dividendos habiendo beneficios.

Cuando la empresa no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. La normativa concursal prevé también instrumentos preconcursales para reestructurar la deuda antes de llegar al concurso, y precisamente por eso lo determinante es el momento: cuanto antes se analice la situación, más alternativas quedan sobre la mesa.