Tu aseguradora
no quiere pagar.

No necesariamente. La Ley de Contrato de Seguro distingue entre las cláusulas que delimitan el riesgo cubierto y las que limitan los derechos del asegurado. Estas últimas solo son oponibles si aparecen destacadas de modo especial y fueron aceptadas específicamente por escrito. En la práctica, muchas exclusiones figuran en las condiciones generales sin cumplir ese requisito, lo que abre la puerta a discutir la denegación.

El silencio también tiene consecuencias. La aseguradora está obligada a pagar la indemnización o a consignar el importe mínimo dentro de plazo, y si no lo hace sin causa justificada incurre en mora, con un interés que se calcula incrementando en un cincuenta por ciento el interés legal del dinero y que, pasados dos años desde el siniestro, no puede bajar del veinte por ciento anual. Conviene dejar constancia por escrito de cada requerimiento.

Sí, y además ordena la reclamación posterior. Un requerimiento bien fundado al departamento de atención al cliente y al defensor del asegurado obliga a la compañía a pronunciarse por escrito, fija la fecha desde la que corren los intereses y muchas veces resuelve el asunto sin acudir a los tribunales.

Es más difícil, pero no siempre imposible. Habrá que analizar qué se firmó exactamente, si el documento cubría todos los conceptos o solo una parte, y si al firmarlo podía conocerse el alcance real del daño. En daños que se manifiestan después, o cuando el finiquito se obtuvo con información incompleta, existen argumentos para discutir su eficacia.

Para que esa alegación libere a la aseguradora de pagar, la pregunta del cuestionario debía ser clara y concreta, el dato omitido relevante para la valoración del riesgo y, según los casos, debe valorarse si hubo dolo o culpa grave. Un cuestionario genérico, o no cumplimentado realmente por el asegurado, difícilmente sostiene una denegación.